PAMPA NORTE

CARTA ABIERTA A LA POBLACIÓN DEL INTENDENTE TRIBOLO
POLÍTICA

¿TIENE LA JUSTICIA PAMPEANA INTERÉS EN JUZGAR AL PODER POLÍTICO  DE PEQUEÑOS PUEBLOS PAMPEANOS?

“El 11 de junio de 2008 la Municipalidad de Bernardo Larroudé formalizó una denuncia penal en virtud de las serias irregularidades ocurridas en la administración del erario público municipal durante el año 2007. Entre ellas, se detectó y se denunció que la ex Intendenta Cristina Passo y su Secretaria Graciela Zapata, había desviado fondos que habían sido remitidos a la Municipalidad por otros organismos públicos pero con destinos específicos, como el otorgamiento de subsidios para atención de enfermedades o la financiación de proyectos productivos de ciudadanos locales, o bien la construcción de viviendas. También que se habían pagado varias cuentas particulares de la ex Intendenta con fondos provenientes del tesoro municipal, que realizaban pagos a personas no identificadas, sin respaldo documental alguno, que se pedían créditos en financieras de General Pico, etc. La denuncia quedó radicada en el entonces Juzgado de Instrucción y en lo Correccional  Nº 1 de General Pico, a cargo del Juez Dr. Horacio Tolosa. LA instrucción se extendió hasta el 18 de agosto de 2011, es decir, más de 3 años. En el interín, luego de colectarse las pruebas, y habiéndose las dos demandadas negado a declarar cuando fueron citadas para ello, la entonces fiscal sustituta Ivana Hernández pidió la elevación a juicio del proceso el 23 de diciembre de 2010. Cuando se dio vista de ese pedido a las imputadas, que hasta el momento casi no habían propuesto pruebas y, como queda dicho, se habían negado a declarar, comenzaron a introducir toda una serie de planteos tendientes a dilatar el curso del proceso. En efecto. El 01/02/2011 presentaron un escrito pidiendo declarar. El Juzgado hizo lugar a ese pedido y fijó audiencia, pero en vez de ejercer la defensa y declarar su versión de los hechos, el 23/05/2011 la Sra. Passo presentó un certificado médico emitido por el médico ginecólogo Medus, donde textualmente se lee que la Sra. Passo se encontraba “..en terapia sicológica intensiva con especialistas..”. Dijo la Sra. Passo en base a ello que cuando su salud lo permitiera se presentaría a declarar. En cambio, Graciela Zapata declaró el 27/05/2011. El Juzgado decidió fijar fecha con el médico forense para que examinara a Passo de García. Pero tampoco asistió a dos de los turnos fijados. Finalmente el 18/08/2011 el titular del Juzgado de Transición Nº 4, a cargo de la causa luego de la puesta en vigencia del nuevo CPP, dictó auto de procesamiento, firmada por el entonces Juez Dr. Abraham. Esa resolución fue atacada de nulidad y apelada por la Sra. Passo, aludiendo que no había podido defenderse, declarando ante el Tribunal. La situación tuvo que ser resuelta por el Tribunal de Impugnación Penal, que rechazó los planteos, pero en todo ello la causa recién se elevó para ser juzgada por la Cámara del Crimen Nº 1 de Santa Rosa a mediados de 2012. El 08/08/2012 dicho Tribunal citó a las partes a juicio, ofreciendo la prueba pertinente. Nuevamente aprovechó la oportunidad la defensa para pedir pruebas que no había pedido en la instrucción, relacionadas en su mayoría con una nueva pericia contable. Tenga o no derecho a pedir esas pruebas, lo cierto es que la Cámara del Crimen no ha todavía dictado resolución sobre el particular. Ya lleva más de medio año sin expedirse. Este Intendente concurrió personalmente, junto con su abogado, a la mesa de entradas del referido Tribunal. Y escuchó la explicación de los empleados judiciales sobre que la tardanza se debe que deben juzgar todos los casos de la provincia, por hechos cometidos antes de la vigencia del nuevo CPP. Y entre ellos, aquellos que implican personas detenidas. Uno entiende muy poco de leyes, pero algunas cuentas está capacitado para hacer. Y lo cierto es que en 4 meses se cumplirán 5 años desde la radicación de la denuncia penal. También puede uno comprender que los casos con personas detenidas merezcan mayor atención, pero no caben dudas que casos como el presente también revisten suma importancia para toda la comunidad de Bernardo Larroudé. No estamos hablando de algún papel que falte o mal completado, sino de librar cheques a nombre de desconocidos, sin que se firmen las órdenes de pago por parte de los receptores de los cheques, y sin que haya ningún tipo de factura que acredite el concepto. Por este tipo de procederes, recibí la Municipalidad en Diciembre de 2007 con aproximadamente un millón de pesos de pasivo. Los ciudadanos de Bernardo Larroudé tienen derecho a saber que pasó y que no pasó”.

Néstor Hugo Tribolo

Intendente Municipal

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